Denuncian al Estado boliviano por vulnerar derechos indígenas y ambientales
Fueron cuatro maratónicos días de análisis, debate y propuestas, que concluyeron la tarde de este domingo, como parte del Pre Foro Social Panamazónico (Fospa).
El evento se realizó en Rurrenabaque (Beni) y en San Buenaventura (La Paz), del 20 al 23 de julio, con la participación de 250 representantes de unos 50 pueblos indígenas y una treintena de organizaciones de investigación social, derechos humanos y activistas.
A través de una declaración del Pre Fospa, los participantes dejaron por escrito sus demandas y propuestas al Estado Boliviano, pero también sus inconformidades y denuncias.
Entre los temas más recurrentes están la vulneración al territorio y los derechos indígenas, las políticas públicas que impulsan el extractivismo, la contaminación y deforestación, la poca transparencia en los mecanismos de gestión de recursos económicos para la Amazonia.
Muy vulnerables
En los primeros puntos de la declaración, los firmantes exigieron dar continuidad y concluir el proceso de saneamiento y titulación de todos los territorios indígenas y comunidades campesinas originarias, así como proceder al desalojo de los ilegales.
«En particular, destacamos la situación de los pueblos indígenas altamente vulnerables a quienes la negación del derecho al territorio los ha puesto bajo un serio riesgo de etnocidio, como los esse ejja de Eyiyoquibo, los tsimane del sector Ya’ Cama, los tacana del río Beni y Madre de Dios, y otros territorios que no han recibido respuesta oportuna».
También demandaron que sean más cortos y ágiles los procedimientos para la consolidación de las autonomías Indígenas Originaria Campesinas, ya que las trabas les limitan derechos y son reflejo de la «falta de voluntad política del Gobierno».
En otro punto, los firmantes denunciaron que, a pesar del avance normativo en materia de derechos colectivos y el reconocimiento constitucional de igual jerarquía entre la Jurisdicción Indígena Originario Campesina (JIOC), persisten prácticas que subordinan y no otorgan la institucionalidad y garantías necesarias para el ejercicio efectivo de la JIOC.
Instituciones del Estado
Las organizaciones participantes en el Pre Fospa además denunciaron el accionar de instituciones públicas como el INRA, ABT, AJAM y Tribunal Agroambiental (TAA), que vulnera el derecho ancestral a la propiedad colectiva territorial, al uso y aprovechamiento tradicional de los bosques y bienes naturales existentes en su hábitat, de parte de los indígenas.
Otra exigencia plasmada es la aplicación de sanciones a los administradores de justicia (jueces, fiscales y policías) que no respetan las sentencias de instancias superiores a favor de la JIOC y que incumplen las determinaciones emitidas por esta.
Asimismo, pidieron que se identifique y sancione a las empresas privadas, cooperativas y personas responsables de los ecocidios y biocidios que vulneran los derechos fundamentales de las personas y derechos de la naturaleza, y que los responsables indemnicen a los afectados y que reparen los daños, quedando sujetos al cese de actividades.
Emergencia climática
En otra de las conclusiones, indígenas y organizaciones rechazaron los proyectos extractivistas que destruyen la «Casa Grande».
«Rechazamos que el Gobierno y sus diferentes instancias y empresas permitan y promuevan el modelo de desarrollo agro extractivista que vulnera los derechos fundamentales de los TIOCS y de los habitantes de la Amazonia», dijeron, y exigieron modelos de desarrollo productivo sostenibles, coherentes con la vocación de la tierra, y acordes a la cosmovisión indígena.
Asimismo, demandaron proyectos sustentables para las comunidades, como el turismo sostenible y comunitario, y políticas públicas que incentiven la recuperación de los saberes ancestrales, y la restauración de especies nativas, maderables y no maderables.
Además, pidieron la creación de redes y alianzas de comercio justo, economía social comunitaria, la generación de capacidades productivas, de gestión de proyectos en diversas áreas, y la creación de un “sello amazónico” que certifique que los productos a ser consumidos nacional e internacionalmente contribuyen a la preservación y conservación de la Amazonia, y que no generan la deforestación y contaminación.
Los participantes en el Fospa también denunciaron que, aunque la Amazonía vive una emergencia climática, Bolivia es el tercer país del mundo en pérdida de bosques primarios, debido a actividades extractivas del agronegocio, la ganadería, la minería y las políticas públicas.
«Rechazamos las iniciativas de biocombustibles con base en la palma aceitera (africana), soya y otros cultivos que están siendo promovidas por el Gobierno, ya que profundizarán la deforestación», indicaron.
Falta de transparencia
Otro punto cuestionado tiene que ver con los mecanismos de financiamiento de proyectos para la Amazonía. «Exigimos que sean transparentes, participativos y directos para que los recursos lleguen a las comunidades que preservan la Amazonía, y no se despilfarren en la burocracia, las consultorías y la corrupción, ni promuevan mecanismos de mercantilización de la naturaleza».
Minería y agua
Una de las grandes problemáticas para los pueblos indígenas tiene que ver con el agua. Demandaron normativas con participación de los pueblos indígenas y campesinos originarios para la preservación y conservación de las nacientes y ojos de agua y la implementación de programas de monitoreo y gestión del agua, así como de reforestación y forestación.
Asimismo, reclamaron que se reconozca al río Beni, al río Tuichi, río de Tucabaca y a todos las cuencas, ríos, lagunas y vertientes de Tierras Altas y Bajas como sujetos de derechos, para que no sean afectados por actividades extractivas, carreteras, megraproyectos hirdroeléctricos, actividades mineras y de remoción de materiales.
Exigieron la creación de un programa de salud gratuito, obligatorio y especializado para los afectados por la minería y que Estado reconozca los estudios y evidencias de los territorios afectados por actividades extractivas, llevados a cabo por monitores comunitarios, ong y universidades.
«Demandamos que la fiscalización de las actividades mineras se realice con participación de los pueblos indígenas y comunidades locales, así como gobiernos locales, municipales y departamentales. Reclamamos el respeto de la tradicional actividad minera artesanal».
También cerraron filas ante la intención de la AJAM de reconocer derechos preconstituidos mineros en áreas protegidas, que «ilegalmente» se dieron hasta 2015.
«Exigimos que se respete la fecha de creación de las áreas protegidas y la modificación de la Ley Minera por atentar contra la naturaleza y los pueblos. Deben quedar prohibidas las actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas. Llamamos a movilizarnos en defensa del área protegida del Madidi y de todas las áreas protegidas del país contra todo tipo de avasallamiento».
Respaldaron la Acción Popular impulsada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), en su búsqueda por garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas afectados por la el mercurio.
Adicionalmente, exigieron la inmediata aplicación de las tres sentencias constitucionales del Ayllu San Agustín de Puñaca, Choro y Lago Uru Uru, que obligan a las autoridades nacionales, departamentales y municipales la inmediata atención a las comunidades afectadas por las actividades mineras desarrolladas en los alrededores de los lagos Uru Uru y Poopó. «Exigimos el cumplimiento del decreto supremo 0335 de emergencia ambiental».
Por último, reclamaron el respeto a la consulta previa sin trampas y con carácter vinculante. «Cuando decimos no, es no», puntualizaron.